Respuesta estatal a derrames de petróleo no soluciona problema integral del Oleoducto Nor Peruano
Mientras Petroperú y el Ministerio de Energía y Minas definen la contratación de consultores independientes para analizar el estado de la infraestructura del Oleoducto Nor Peruano (ONP), que les llevaría más de 15 meses concretar, los pobladores del distrito de Manseriche sufren los las consecuencias del nuevo derrame de petróleo del 18 de junio último, y la respuesta estatal no aborda el problema de manera integral, señaló la congresista María Elena Foronda.
La parlamentaria ancashina informó que la actuación estatal es recurrente y no tiene cuándo acabar desde que se dieron los primeros derrames de petróleo con el nuevo siglo, y que se han repetido de manera cíclica y preocupante, no solo en nuestra Amazonía, sino también en la costa norte del país.
El informe de la Comisión Multipartidaria que el Congreso de la República creó para determinar las responsabilidades por los derrames de petróleo ocurridos en el ONP, fue muy claro en sus conclusiones y en sus recomendaciones, sostuvo Foronda, y lamentablemente fue archivado en mayo último con 15 votos en contra y 22 abstenciones.
“El informe acreditó la no ejecución, al 100%, de los planes de mantenimiento del oleoducto dentro de los plazos establecidos en los años 2012, 2013, 2014, y la contratación de empresas con poca experiencia para realizar tareas de apoyo en el mantenimiento del mismo entre los años 2011 y 2016”, manifestó.
Todo indica que esta situación no ha variado, continuó. Aún se observa la carencia de un sistema integral de monitoreo y supervisión del ONP y la necesidad de la aplicación de una Evaluación Ambiental Estratégica para determinar los impactos ambientales acumulativos producidos por los derrames; pero, sobre todo, con la participación de los pueblos indígenas.
La congresista manifiesta que “los derrames de petróleo evidencian la situación de marginalidad y desprotección en la que se encuentra la población de nuestra Amazonía, afecta gravemente la biodiversidad, los ecosistemas; y ha generado pérdidas económicas hasta por S/ 975,5 millones, una cifra que de hecho se incrementa con los nuevos derrames producidos luego que se entregó el informe el 2 de noviembre de 2017”.
Y así como se establecieron meridianamente las pérdidas económicas, finaliza, “debe valorizarse también los servicios ecosistémicos, en especial los sistemas hídricos, flora y fauna silvestre, y su afectación en la seguridad alimentaria de dichos pueblos indígenas. Además, es importante implementar un sistema de salud pública, teniendo en cuenta su afectación por el contacto con hidrocarburos y metales pesados, en especial los niños”.
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