Pescadores exigen aumento del aporte social para jubilación y que sea de carácter permanente

En asamblea expresan respaldo a Proyecto de Ley de congresista Foronda para modificar normas 1084 y 30003

El Sindicato de Pescadores de Chimbote y Anexos rechazó la decisión de la Comisión de Producción del Congreso de la República de mantener en USD$ 1.95 el aporte social que brindan al Fondo Consolidado de Reservas Previsionales los empresarios pesqueros por tonelada métrica de anchoveta descargada, cuya vigencia estaría vinculada a la fórmula de cálculo de los derechos de pesca por concepto de extracción del recurso.

Los trabajadores del mar, en actividad y jubilados, objetaron, en asamblea efectuada en esta ciudad, una postura que consideran es una burda maniobra de la Sociedad Nacional de Pesquería impulsada por los congresistas fujimoristas, y expresaron la necesidad de que dicho aporte social se eleve a por lo menos USD$ 2.50, y de ninguna manera se asocie a los derechos de pesca que todo empresario pesquero debe asumir.

De esta manera, expresaron su apoyo a la insistencia de la congresista María Elena Foronda, quien ha presentado al pleno del Congreso de la República un Dictamen en Minoría que propone definir como permanente el aporte social que pagan las empresas pesqueras de consumo humano indirecto a favor del Fondo de Pensiones de Pescadores, y que éste se incremente de US $ 1.95 a US $ 2.50 por tonelada métrica de anchoveta descargada.

Foronda Farro, quien participó en la asamblea esta mañana en Chimbote, sostuvo que su dictamen en minoría se opone categóricamente a la decisión de la Comisión de Producción de establecer que el monto y la fórmula de cálculo de los derechos de pesca por concepto de extracción de los recursos hidrobiológicos esté vinculado a la vigencia del aporte social.

“Es necesario desvincular ambos pagos. De esa manera se sinceran los montos. Una cosa es el aporte social, que apoya la solución definitiva de quienes están actualmente adscritos al sistema vigente de pensiones y que se aplica a los tripulantes pesqueros industriales; y otra muy distinta el derecho que corresponde pagar por pescar, de acuerdo con la Ley General de Pesca 25977”, refirió.

La propuesta está en concordancia con lo que indica la Oficina de Normalización Previsional (ONP) en el sentido de que en la actualidad existe un déficit entre los ingresos y egresos del fondo, y que de mantenerse la cifra de US$ 1.95 por tonelada métrica, no alcanzaría para cubrir las jubilaciones actuales y menos de los futuros jubilados.

“Es sumamente perverso condicionar la vigencia del aporte social al monto del derecho de pesca, que en la actualidad es de 0.25% del precio FOB por tonelada métrica de harina y aceite de pescado, que las empresas pagan al Estado por la extracción del recurso. Lo que se pretende es mantener INAMOVIBLE dicho monto, a pesar del incremento del precio de la harina y aceite, que genera cuantiosas ganancias a los empresarios”, advirtió.

La iniciativa establece además que la Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT) continuará como entidad recaudadora y administradora del aporte social y los Ministerios de la Producción y Economía y Finanzas, y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, determinarán de manera conjunta y articulada, en el plazo de 90 días, el estado actual, el sustento y la rentabilidad del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales.

El dictamen en mayoría, advirtió también la congresista Foronda, pretende incluir un párrafo en su única disposición final transitoria que considera como un solo concepto, esto es, el Derecho de Pesca, a todos los pagos y gastos que efectúan los empresarios pesqueros, por ejemplo el aporte social, los gravámenes, las cargas, etc., lo que también merece su oposición, pues además de ser ilegal, busca favorecer a los empresarios pesqueros.

Finalmente, los representantes de los pescadores chimbotanos afirmaron que ellos, como parte sustancial en la cadena productiva pesquera, solicitarán a los miembros de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, recapacitar su decisión y legislar a favor de los trabajadores pesqueros.