Los amarres de la pesca

En el sector pesquero ocurren cosas extrañas y una muestra es lo que sucedió con la dación del Decreto Legislativo 1084, que aprobó el Aporte Social equivalente a $1.95 por cada tonelada de anchoveta descargada. Esto pareció una buena idea, pero tuvo un efecto perverso, pues se dispuso que el porcentaje del Derecho de Pesca (que deben pagar los empresarios por la extracción del recurso hidrobiológico que, de acuerdo a nuestra constitución, es propiedad del Estado peruano) permanezca inalterable durante su vigencia, esto es, 10 años.

¿Por qué se condicionó el aporte al fondo extraordinario del pescador al Derecho de Pesca? ¿A quién le pertenecen los recursos hidrobiológicos? ¿A la Sociedad Nacional de Pesquería o al Estado Peruano, que no debe abdicar a su rol regulador? ¿Estamos pensando solo en un proceso de extracción, o de sostenibilidad del recurso para nuestra soberanía y seguridad alimentaria? Nuestra propuesta es que NO se debe condicionar el Derecho de Pesca al pago del Fondo Previsional y que el Ministerio de la Producción sincere el pago del aprovechamiento de un recurso con el incremento del primero.

Así lo valoró Produce. Luego, hizo ciertas “modificaciones” al proyecto de Decreto Supremo que publico en su página web, con una propuesta que baja de 0.39% a 0.27 % en los estándares mínimos de toneladas extraídas (3.1 millones), lo que significa que el Estado deja de percibir 5 millones y medio de dólares. ¿Por qué Produce debe ser flexible y gradual cuando se trata de exigir recursos a los privados que solo en el 2018 ganaron más de 2,800 millones de dólares por exportación de harina? Es momento de recuperar la dignidad y soberanía. Sin faenones, compadrazgos y arreglos amañados.

Columna titulada Parlamento Ciudadano publicada el 25 de marzo de 2019 en el diario La Industria.