Acerca del reportaje de Frecuencia Latina sobre la contratación de familiares
En relación al reportaje emitido ayer en el programa Punto Final de Frecuencia Latina que pretende cuestionar mi labor parlamentaria porque uno de mis hermanos ha tenido vínculo laboral con el Estado, manifiesto lo siguiente:
1. Rechazo y descarto tajantemente la tendenciosa imputación de presunta inconducta de mi parte, en el hecho de que uno de mis cinco hermanos haya laborado durante tres meses del 2018, en un centro de salud de la Dirección Regional de Salud de Áncash.
2. Con el claro afán de desprestigiar mi labor congresal, el reportaje desliza la posibilidad de que la plaza de Psicólogo, ganada en concurso público por mi hermano bajo el régimen contractual CAS, constituiría una vulneración de la Ley de Contrataciones del Estado que prohíbe a los parientes de los congresistas, hasta segundo grado de consanguinidad, ser proveedores de bienes y/o servicios del Estado.
3. Al respecto debo señalar que no existe tal incompatibilidad porque los contratos de personal bajo el régimen CAS no se rigen por la Ley de Contrataciones del Estado sino por Ley que modifica el régimen laboral del Decreto Legislativo 1057, en el cual la relación laboral es de servidor público y no de proveedor del Estado; siendo así el, primer caso, de naturaleza laboral mientras que el segundo de tipo civil.
4. El propio Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) se ha pronunciado mediante la OPINIÓN Nº 055-2019/DTN, en que señala: “Los regímenes de contratación de los trabajadores del sector público forman parte del sistema administrativo de gestión de recursos humanos y no del sistema nacional de abastecimiento. Por tanto, (…) se debe recurrir a las normas que comprendan dicho sistema administrativo, no siendo aplicable la normativa de contrataciones del Estado”. (1)
5. Es pertinente aclarar que esta información fue transmitida con antelación al citado medio de comunicación para su incorporación en el reportaje, sin embargo, no fue tomado en cuenta, ni siquiera como versión de descargo que el rigor periodístico exige.
6. Por ello, pretender atribuirme mediáticamente una supuesta inconducta por el contrato derivado de un proceso público, de un profesional con solvencia académica y experiencia, con responsabilidad legal de sus actos, pero que resulta ser un familiar cercano, es por demás tendenciosa y direccionada a deslegitimar mi labor de congresista.
7. Valoro y respeto el ejercicio periodístico responsable y serio, a la vez deploro el sensacionalismo y la manipulación de casos con la única finalidad de atacar al Congreso sin que importe la verdad de los hechos.
Lima, 16 de setiembre del 2019
María Elena Foronda Farro
Congresista de la República
