Ley de Hidrocarburos: ¿Estado contra Estado?
El Perú es uno de los 10 países con mayor biodiversidad del mundo. Su territorio contiene casi el 10% de las especies mundiales de flora; 2.000 especies de peces; y 108 zonas o formas de vida natural que existen en el planeta. Cuenta con 158 Áreas Naturales protegidas que abarcan el 16.93% del territorio nacional. Somos poseedores, además, de uno de los mares más productivos de la cuenca del Pacifico por la condiciones climatológicas y oceanográficas, de las que dependen más de 60.000 pescadores artesanales y nuestra seguridad alimentaria.
De acuerdo con la información oficial que ofrece el Ministerio de Cultura, en el territorio nacional existen 55 Pueblos Indígenas u Originarios –PPII, y en nuestra Amazonía 13 Pueblos Indígenas en Aislamiento o Contacto Inicial – PIACI. Ellos son poseedores de conocimientos ancestrales que están amparados en una frondosa legislación nacional e internacional que reconoce sus derechos a la consulta previa y a la autodeterminación, y cuyo sustento y formas de vida están íntimamente vinculadas a la conservación y uso sostenible de los bienes de la naturaleza.
Estas condiciones, que forman la base de nuestra ventaja comparativa en un enfoque del “buen vivir” y “buen comer”, se contrapone con la imposición de un modelo extractivista y primario exportador. Y este es el caso de la extracción, procesamiento y comercialización de un recurso no renovable como los hidrocarburos, generadores de los Gases de Efecto Invernadero –GEI, que incrementa las condiciones de vulnerabilidad climática.
Estas evidencias son argumentos incómodos para las empresas petroleras. Ellas, con aliados en el Poder Ejecutivo y, en el Congreso de la Republica, concretamente en el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, quieren imponer en forma dictatorial un controversial dictamen de la Comisión de Energía y Minas, sin que medien los procesos de Consulta Previa con los PPII y en territorios ocupados por los PIACI, lo que violenta sus derechos de autodeterminación y consentimiento previo.
El fujimorismo, con sus procedimientos totalitarios, se alió con la bancada PPK para solicitar la exoneración del trámite de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del parlamento, donde debía debatirse por ser los temas Ambientales y de Pueblos Indígenas, los más controversiales y urgentes.
No son temas menores. La propuesta de nueva Ley de Promoción de la Industria de Hidrocarburos cercena las competencias ambientales y se las entrega a PERUPETRO y no al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE. Además, considera que ya no será necesario realizar Estudios de Impacto Ambiental semidetallado (EIA-sd), sino simples Declaraciones de Impacto Ambiental –DIA, en la etapa de prospección sísmica y amplía los años para la explotación de 30 a 80 años, con solo 5% de regalías para el país.
¡!!¡CÓMO NO VA A SER RENTABLE PARA LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES!!!
El dictamen de la ley, considera además, que no es necesaria la consulta previa. A pesar de que hay territorios, como el de los Awajun, que han sido concesionados para la explotación petrolera en su totalidad. Estas concesiones comprenden también el mar territorial peruano, zonas de alto valor por su diversidad de recursos hidrobiológicos, base de la cadena alimenticia de otras especies y seguridad alimentaria de la que depende el trabajo de más de 60.000 pescadores artesanales.
Debe destacarse también, que el dictamen de esta nueva ley tuvo múltiples objeciones de los ministerios de Ambiente y de Cultura, y de la Defensoría del Pueblo, así como, de las organizaciones de la sociedad civil, Pueblos Indígenas, pescadores y comunidad internacional, así como de la bancada del Frente Amplio. No podemos, no debemos enfrentar al ESTADO CONTRA EL ESTADO. No podemos aceptar que la dictadura parlamentaria fujimorista satisfaga los intereses de lobbys petroleros.
Evitemos conflictos y avancemos hacia la definición y consenso nacional de una política de Estado respecto a la matriz energética en el Perú. Prioricemos energías renovables y limpias (eólica, solar geotérmica, etc.), reduzcamos las condiciones de inestabilidad atmosférica en el Perú (ocupamos el tercer lugar de vulnerabilidad frente a los impactos del Cambio Climático en América Latina) a partir de una moratoria de exploración y explotación de hidrocarburos en aquellas zonas de alta biodiversidad y de territorios de PPII, PIACI y zonas marino costera.
Es un tema de ejercicio de derechos incluidos en la Ley de Consulta Previa, Convenio 169, que son consagrados en la Constitución Política del Perú. Derechos que deben ser asumidos y contemplados en el marco de un ordenamiento territorial que priorice el bien común, con un gobierno que regule inversiones con soberanía y dignidad; priorice los intereses del país y no de intereses de consorcios internacionales y de sus aliados.
¡!¡LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS Y DE LA NATURALEZA NO SE NEGOCIAN!!!
